La Comisión Presidencial Mujer, Trabajo y Maternidad acaba de entregar al Presidente Piñera una propuesta que no satisface el compromiso de campaña de extender a 6 meses el permiso post natal. Esta imposibilidad de cumplir con la palabra empeñada, ya la habían adelantado la ministra del SERNAM y la senadora Lily Pérez.
Sin embargo, cuando el Presidente recibe la propuesta ayer con su cara llena de felicidad señala que la comisión ha logrado extender el post natal tal como lo comprometió en campaña. Por más que sumo y calculó, no logro llegar a esa cifra: 6 meses son, al menos, 180 días. Por lo tanto, lo obvio es que no se satisface el compromiso contraído.
Dentro de las propuestas de la comisión se pueden señalar:
Ampliar el post natal a padres y madres. La Comisión propone no modificar el actual post natal, pero ampliar el período de descanso mediante una nueva modalidad: “Permiso Postnatal Parental”, al que puedan acceder tanto las madres como los padres (alternativamente, a elección de la familia). Este permiso se debiera iniciar cuando termina el actual postnatal de la madre (84 días). Además, debiera ser flexible y adaptable según las necesidades de cada familia, pudiendo ser utilizado a jornada completa o media jornada de al menos 6 semanas (42 días).
No modificar el pre natal pero flexibilizarlo. La Comisión propone que el permiso se mantenga en 6 semanas. Sin embargo, se abre a la posibilidad de flexibilizarlo para que las madres que así quisieran puedan postergar hasta un máximo de 15 días el inicio del prenatal, pasando esos días al post natal en jornada completa o media jornada.
La Comisión propone extender el permiso para los padres adoptivos de 12 semanas si el niño o niña es menor de dos años y de dos meses si es mayor a dicha edad, desde que se conceda la tuición o cuidado personal del niño.
Aumento de cobertura. La Comisión propone aumentar la cobertura de los permisos y subsidios maternales a todas las mujeres que hayan tenido una actividad laboral acreditada durante un período mínimo en el año anterior a producirse el embarazo.
¿Derechos a sala cuna? La Comisión propone derogar el artículo 203 del Código del Trabajo, que establece el derecho a salas cunas para mujeres que trabajan en empresas con veinte o más trabajadoras (con cargo al empleador) y establecer el derecho a salas cuna para todos los hijos de las madres y padres trabajadores, y así garantizar el acceso a cuidado infantil. Esto, a través de una modalidad subsidiada por el Estado para todos los menores de dos años cuyos padres y madres pertenezcan a la fuerza de trabajo y deseen hacer uso de esta opción con un sistema de pago tripartito entre Estado, empleadores y familia.
En términos generales, hay que reconocer ciertos avances para las madres trabajadoras, los padres y los niños y niñas. Especialmente beneficioso parece el hacer corresponsables de la crianza a los padres.
Sin embargo, lo que se observa, sobre todo, es una serie de mecanismos que no terminan de convencernos, que soslayan promesas no cumplidas, que presentan vaguedades y que peligrosamente flexibilizan o conculcan derechos ya ganados. Esto, hay que decirlo con claridad, siempre será considerado un retroceso en las luchas ciudadanas.
¿Y las madres que no trabajan remuneradamente?
Frente al envejecimiento de nuestra población y la baja tasa de fecundidad, tenemos que dar señales en favor de la maternidad en general, y no solo frente a las mujeres que trabajan remuneradamente (que representan alrededor del 40%). Porque las otras, la mayoría tampoco están teniendo hijos y también realizan un trabajo que si bien no se le ha puesto remuneración representan un ahorro significativo para sus familias el contar con su aporte en el trabajo doméstico y de cuidado. La propuesta de la comisión avanza en aumentar la cobertura de las mujeres trabajadoras que podrán hacer efectivo este derecho, pero no se pronuncia respecto de otras mujeres. Una medida que no consideró la comisión para promover la maternidad y existe en algunos países es la existencia de un subsidio a la maternidad durante un periodo de al menos un año.
¿Derechos flexibles?
Los derechos de las mujeres trabajadoras en Chile son pocos al compararlos con los existentes en otros países, pero han sido fruto de luchas significativas. Ninguna medida que se tome puede significar un retroceso en lo que ya existe. El flexibilizar un derecho entrega facilidades para muchos abusen o presionen para que no sean conculcados de la manera que las futuras madres quieran, sino que estén sujetos a presiones del empleador.
Parece positiva la propuesta de la comisión de suprimir el artículo 203 del Código del Trabajo que fija la obligación de salas cunas solo para empresas que tengan contratadas a mas de 20 mujeres, lo que sin duda puede frenar la empleabilidad femenina. Pero de lo que de verdad se trata es de avanzar en proteger a todas las mujeres trabajadoras, no sólo a las empleadas formalmente. Aproximadamente la mitad de las mujeres que trabajan remuneradamente, lo hacen en el mercado informal, sin contrato de trabajo y por tanto, sin ningún beneficio social. Entregar a ellas prestaciones sociales implica pensar solidariamente como sociedad, asumir que los hijos son necesarios para la sociedad completa y no sólo un asunto privado, cuyos costos son también privados.
Una propuesta deseable en este sentido, sería que todas las empresas que cuenten con más de 20 trabajadores - de cualquier sexo – tengan obligación de proveer derecho a sala cuna para sus empleados. La comisión propone que este derecho no sea con cargo al empleador, sino que el pago sea tripartito (padres/madres, Estado y empleadores). Este tipo de ideas hay que evaluarlas con cuidado, puesto que pueden representar un alto costo para las clases medias. Afortunadamente, los sectores vulnerables están protegidos con las salas cunas de JUNJI e Integra, que no tienen costo y que, esperamos, cuenten con extensión horaria para posibilitar que las madres lleven a sus hijos y puedan seguir trabajando.
Sumando y restando, lo que queda claro es que las propuestas son insuficientes en sus alcances y, sobre todo, en cómo se define el tipo de sociedad que necesitamos y qué estamos dispuestos a hacer solidariamente para dar a cada quien lo que le corresponde, para fomentar verdaderamente la familia y no quedarnos en el discurso. Es hora de preguntarse quién debería estar en el núcleo de todas estas medidas. Porque si hablamos de políticas públicas, el interés superior es el que beneficien a toda la sociedad –asumiendo las responsabilidades y costos de esa opción común - y no que se limiten, considerando ante todo el bolsillo de los empresarios. Lo curioso de todo esto es que el bien superior debería ser el del niño y niña, pero poco y nada se ha hablado de ellos y sus necesidades en este debate.
* Danae Mlynarz Puig es Presidenta Grupo Mujeres Plaza Ñuñoa
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